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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso de la Procuración del Tesoro y se revisará la medida que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación presentada por el Ejecutivo de Javier Milei. La decisión abre otra instancia de revisión sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque todavía no resuelve la vigencia de la medida cautelar.
El Gobierno nacional consiguió un nuevo avance judicial en medio de la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano y habilitó la revisión de una resolución que ordenaba continuar con la ejecución de una medida cautelar vinculada con la actualización salarial de docentes, no docentes y las becas estudiantiles.
La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario, que mantiene sus reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El tribunal consideró que impedir al Estado acceder a una nueva instancia de revisión podía ocasionarle un “gravamen irreparable”, por lo que dispuso que se tramite la apelación que había sido rechazada por el juez federal Martín Cormick.
La controversia judicial se profundizó el pasado 9 de octubre, cuando Cormick decidió elevar el expediente principal a la Cámara y mantener, de manera paralela, el procedimiento para exigir el cumplimiento de la medida cautelar.
El Ejecutivo intentó impugnar esa decisión, pero el magistrado rechazó la apelación el 14 de octubre. Frente a ese escenario, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación acudieron directamente al tribunal de segunda instancia para solicitar que se revisara la negativa.
Ahora, los camaristas habilitaron esa posibilidad, por lo que el Gobierno podrá cuestionar tanto la continuidad del procedimiento de ejecución como la intimación judicial que contemplaba sanciones económicas ante un eventual incumplimiento.
Sin embargo, la resolución no significa que la cautelar haya quedado sin efecto ni que la Justicia haya determinado que el Gobierno cumplió con sus obligaciones. Esos puntos todavía deberán ser analizados en las instancias correspondientes.
En su presentación judicial, el Estado nacional argumentó que las obligaciones establecidas por la cautelar ya habían sido cumplidas y que el plazo de aplicación de la medida había finalizado.
Desde esa interpretación, continuar con el procedimiento judicial implicaría mantener exigencias que, según el Ejecutivo, ya no deberían estar vigentes.
También cuestionó la posibilidad de recibir sanciones económicas sin que previamente se hubiera determinado con precisión el monto de las obligaciones pendientes.
La Cámara aceptó que esos argumentos fueran examinados, aunque evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
El nuevo pronunciamiento se suma a otra resolución favorable al planteo procesal del Gobierno, dictada el 15 de octubre, cuando la misma Sala III dispuso suspender provisoriamente las multas de $100.000 diarios que habían sido impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Las sanciones estaban vinculadas con el incumplimiento de la orden judicial para garantizar los recursos previstos en la normativa universitaria.
En aquella oportunidad, los magistrados también habilitaron una apelación oficial, dejando en pausa las penalidades mientras se analiza el recurso correspondiente.
La disputa comenzó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que cuestionó el decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa exigencia y ordenó avanzar con la aplicación de la normativa. El Gobierno apeló la sentencia, que actualmente se encuentra bajo revisión judicial.
Entre los puntos centrales de la ley se encuentran la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, así como la actualización de las partidas destinadas a becas para estudiantes.
De esta manera, el conflicto por los recursos de las universidades públicas permanece abierto, mientras la Justicia deberá resolver los recursos presentados por el Ejecutivo y determinar el alcance de las obligaciones establecidas por la medida cautelar.
El escenario judicial coincide, además, con el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde el financiamiento de las universidades vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre la distribución de los recursos públicos.