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La Cámara Federal de Casación Penal cerró el expediente por el préstamo de US$ 57.100 millones firmado en 2018, luego de que el fiscal general Raúl Pleé desistiera de continuar con la apelación. La investigación también alcanzaba a otros exfuncionarios del gobierno de Cambiemos.
La Cámara Federal de Casación Penal archivó definitivamente la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios por el acuerdo con el FMI de 2018. La decisión unánime se dio luego de que el fiscal general Raúl Omar Pleé retirara el recurso para mantener abierta la discusión judicial.
El fallo de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de la Sala IV confirmó el cierre de la investigación, que buscaba determinar si hubo delitos en la negociación e implementación del préstamo de US$ 57.100 millones. La causa se centró en posibles irregularidades en la contratación de la deuda y el uso de los fondos para la salida de divisas.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ya había archivado la causa en febrero de 2026, considerando la negociación una decisión de política económica sin elementos suficientes para acreditar un delito. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal impulsó recursos para reabrirla, llegando a Casación, donde Pleé desistió de la apelación.
Entre los fundamentos del archivo, se destacó la falta de una hipótesis delictiva concreta tras años de investigación y que las objeciones se vinculaban a un desacuerdo con un modelo económico. Los magistrados consideraron que las instancias judiciales previas aplicaron correctamente el criterio de que las decisiones de política pública corresponden a otros poderes del Estado.
También se rechazó un planteo de Antonio Conrado De Martino, un ciudadano que pretendía continuar la investigación, al no acreditar ser un perjudicado directo.
Además de Macri, la investigación incluía a Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Guido Sandleris, Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro.
La causa se inició en 2018 por denuncia de Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes cuestionaron las condiciones del acuerdo Stand-By y la falta de intervención del Congreso. En 2021, la Oficina Anticorrupción presentó una nueva acusación que se incorporó al expediente.