Mendoza
25°C
El oficialismo retomará hoy el debate con la presencia de funcionarios de Educación.
.png&width=950&height=540)
La discusión por el financiamiento universitario volverá este martes al Congreso. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano explicarán la distribución de recursos prevista para el próximo año, mientras la oposición reclamará el cumplimiento de la ley aprobada por el Parlamento.
El Gobierno de Javier Milei enfrentará este martes una nueva discusión en la Cámara de Diputados por los fondos destinados a las universidades públicas. En un escenario marcado por los reclamos del sector educativo y las recientes protestas frente al Congreso, el oficialismo buscará respaldar las partidas incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, se reunirá desde las 10 con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes deberán explicar los criterios utilizados por el Ejecutivo para distribuir los recursos educativos.
El principal punto de conflicto es la diferencia entre los fondos contemplados por el Gobierno y los que consideran necesarios las universidades nacionales. Mientras la propuesta oficial prevé aproximadamente $7,3 billones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones y avanzar con la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La discusión se desarrollará pocos días después de la multitudinaria movilización universitaria realizada frente al Congreso, que terminó con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
Uno de los principales cuestionamientos que recibirá el oficialismo estará vinculado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, cuya ejecución continúa siendo motivo de una controversia judicial y política.
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa no contempla los recursos necesarios para afrontar los gastos que establece. En ese sentido, Álvarez argumentó que la legislación vigente exige identificar las fuentes de financiamiento de cualquier incremento del gasto público y permite suspender su ejecución hasta que se incorporen las partidas correspondientes.
El funcionario aseguró que la administración nacional actuó dentro del marco legal al promulgar la norma y suspender su aplicación. También señaló que el Gobierno cumplió con una medida cautelar judicial y que el expediente continúa en instancia de apelación.
Sin embargo, los bloques opositores mantienen una postura diferente y buscarán que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos necesarios para cumplir con la legislación universitaria.
El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, defendió la necesidad de garantizar el sostenimiento de las instituciones públicas, mientras que el socialista Esteban Paulón reclamó que el Ejecutivo respete las leyes sancionadas por el Congreso.
A los cuestionamientos también se sumaron sectores de la Unión Cívica Radical y legisladores vinculados con gobernadores provinciales, que impulsan modificaciones al proyecto para asegurar fondos destinados al funcionamiento de las universidades, las becas y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
Además de establecer los recursos para el próximo año, el proyecto presupuestario incorpora nuevas exigencias de información y mecanismos de control sobre las transferencias que reciben las universidades nacionales.
Las instituciones deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano documentación sobre la asignación, ejecución y evaluación de los fondos públicos. En caso de incumplimiento, la cartera nacional quedará habilitada para interrumpir las transferencias.
La iniciativa también establece que los presupuestos y balances universitarios deberán identificar los recursos destinados a educación y cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, los incrementos previstos para 2027 se calcularán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en noviembre de 2026, con excepciones para aquellas ampliaciones de personal que cuenten con autorización del Ministerio de Capital Humano.
La propuesta del Poder Ejecutivo contempla una asignación general de $9,8 billones para el área educativa, con modificaciones en la distribución de recursos entre los distintos programas.
Entre las partidas que presentan reducciones se encuentran las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral, las obras de infraestructura educativa y la capacitación docente.
En contrapartida, el Plan Nacional de Alfabetización aparece como una de las principales prioridades presupuestarias, con una asignación prevista de $773.000 millones.
También continuará el mecanismo de distribución automática de recursos educativos a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, destinados específicamente a financiar actividades vinculadas con la educación.
La reunión de este martes será una nueva instancia de negociación entre el oficialismo y la oposición, en un contexto en el que las autoridades universitarias advierten sobre las dificultades que podrían enfrentar las casas de estudio para desarrollar el ciclo lectivo 2027 si no se incrementan los recursos disponibles.