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El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y el ministro Carlos Presti, impide conocer el tipo de material, el costo y el proveedor de la operación,
El Gobierno argentino ha declarado como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026. Esta decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti, oculta los detalles de la adquisición, como el tipo de material, costo, proveedor y destino.
Esta medida surge en un momento de tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Recientemente, el presidente Milei ha impuesto sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina, presentado denuncias penales, iniciado un arbitraje ante la ONU para detener el proyecto de extracción de crudo Sea Lion y ordenado la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. El Reino Unido ha respondido con una nota de protesta y advertencias sobre la defensa de los derechos de los isleños.
El decreto se ampara en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como "secreto militar" las adquisiciones de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, eximiendo a los organismos contratantes de las normas de publicidad.
Esta no es una medida aislada. El Ejecutivo ha emitido al menos cuatro decretos similares. Los tres primeros (370/24, 807/24 y 1073/24) se relacionaron con la compra de aviones de combate F-16 a Dinamarca, cubriendo la adquisición, infraestructura y contratos complementarios. Un cuarto decreto (735/26) clasificó la exportación temporal de material de estos aviones para mantenimiento.
El nuevo decreto, sin embargo, corresponde a un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no menciona los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa es la responsable de implementar la operación.
Esta compra se enmarca en la mayor modernización militar de Argentina en décadas. Desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado, el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad, superando el gasto total del gobierno anterior y multiplicando por seis el de la administración de Mauricio Macri, a pesar de que Milei no ha cumplido tres años de mandato.
Del total, USD 381,4 millones fueron para las Fuerzas Armadas y USD 63,7 millones para Seguridad. El mayor gasto se produjo en 2024 (USD 357,8 millones), disminuyendo en 2025 (USD 59,4 millones) y los primeros siete meses de 2026 (USD 27,8 millones).
La adquisición principal fue la de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones. Los primeros seis llegaron en diciembre de 2025 y una segunda tanda de seis en septiembre de 2026, con la previsión de que los 12 restantes lleguen antes de diciembre de 2027. Esta operación busca restaurar la capacidad aérea de combate perdida en 2015.
El reequipamiento no se limita al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones, con planes de ampliar la flota a 235 unidades. Una primera partida de 50 vehículos ya fue inspeccionada.
En marzo de 2026, el Ministerio de Defensa formalizó un acuerdo para adquirir helicópteros UH-60L Black Hawk de Estados Unidos, hasta 20 aeronaves con un presupuesto de USD 140 millones. Los primeros cuatro se esperan antes de fin de año.
La Armada incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion de Noruega por USD 60 millones, 6 helicópteros Bell 407GXi de Canadá por USD 32,4 millones y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluye una autorización para endeudamiento por USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales y USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. La Armada ha evaluado propuestas de los fabricantes europeos Naval Group (submarino Scorpène Evolved) y ThyssenKrupp Marine Systems (Type 209NG). Ambos países han ofrecido financiar la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.
La decisión final recae en el presidente Milei. Una eventual firma recuperaría la capacidad submarina de Argentina, perdida tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017. La inclusión en el Presupuesto no garantiza el contrato, ya que dependerá de la aprobación legislativa y las negociaciones de financiamiento.