Mendoza
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Roma prepara una nueva partida de asistencia que incluiría misiles para el sistema SAMP/T antes del vencimiento del decreto anual. La medida desató fuertes cruces entre los socios del Ejecutivo rumbo a las elecciones generales.
Tras casi un año de dilaciones y complejas negociaciones parlamentarias, el gobierno de Italia ultima los detalles de su decimotercer paquete de ayuda militar para Ucrania, el primero formalizado durante el corriente año. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, presentará oficialmente el informe confidencial el próximo 10 de noviembre ante el comité parlamentario de seguridad e inteligencia (COPASIR), un paso institucional ineludible para autorizar la partida de armamento antes de que expire el marco regulatorio extraordinario a finales de diciembre.
Aunque el inventario definitivo se mantiene bajo estricta reserva de Estado, trascendió que el envío estará enfocado en reforzar la castigada cobertura territorial de Kiev mediante misiles interceptores Aster destinados al sistema de defensa antiaérea SAMP/T, una plataforma de fabricación conjunta entre Francia e Italia. Esta dotación responde a las reiteradas demandas del gobierno ucraniano para repeler los ataques con misiles y drones que afectan infraestructura civil y centros urbanos neurálgicos.
El anuncio puso de manifiesto las marcadas discrepancias ideológicas que atraviesan a la alianza encabezada por la primera ministra Giorgia Meloni, una de las líderes europeas más firmes en su respaldo al frente ucraniano. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el propio Crosetto sostienen que la continuidad de los suministros reafirma los compromisos asumidos con la Unión Europea y la OTAN, el viceprimer ministro Matteo Salvini y su espacio, la Liga, reiteraron su rechazo tajante a nuevos envíos bélicos.
El escenario político se complejiza debido a que las entregas actuales se sustentan en un decreto que pierde vigencia el 31 de diciembre. Con el calendario marcando la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas de 2027, resulta una incógnita si Meloni buscará prorrogar la autorización en el Parlamento, en un marco donde las contribuciones de Roma siguen situándose por detrás de socios continentales como el Reino Unido y Alemania.